Empresas y crímenes de lesa humanidad

Andrea Rocha Granados

Abogada de la Universidad de los Andes e investigadora en derechos humanos

El 25 de marzo de 1976, un día después de ocurrido el golpe de Estado en Argentina, tres altos ejecutivos de la empresa Ford Motor se reunieron con ocho representantes de los trabajadores para informarles que el cuerpo de delegados dejaría de ser reconocido por la empresa a partir de ese momento y que la fábrica empezaría a ser ahora objetivo y prioridad militar.

En los meses siguientes a esa reunión fueron secuestrados al menos 35 trabajadores; 24 de ellos formaban parte del cuerpo de delegados gremiales. Los sobrevivientes han señalado en la causa judicial que se encuentra en curso la participación de los directivos de la empresa en los procesos de secuestro y tortura a los que fueron sometidos.

Los ejecutivos de Ford Motor dieron información sobre los trabajadores e incluso elaboraron una lista de empleados que fueron víctimas de esos delitos. La empresa también destinó un espacio en la fábrica que funcionó como centro clandestino de detención al que fueron llevados, entre otros, los delegados detenidos ilegalmente por las Fuerzas Armadas dentro de la planta.

La alianza entre los empresarios de Ford y militares se reforzó con el Decreto 3630 de 1977 firmado por Jorge Rafael Videla, en el cual se acuerda la compra por parte del Ejército de 90 Ford Falcon. Estos vehículos fueron utilizados en el secuestro de miles de personas en todo el país.

La responsabilidad de sectores de la sociedad civil en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar ha cobrado importancia en los últimos años. Esto sucede a medida que se ha ido avanzado en la sanción penal de los autores directos de estos delitos, es decir, sobre los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Según cifras publicadas recientemente por la oficina del ministerio público fiscal encargada de estos juicios, actualmente hay 17 empresarios imputados por crímenes de lesa humanidad. Dos de ellos han sido condenados por el asesinato de un abogado laboralista, uno se encuentra en juicio, nueve fueron procesados y el resto están en las etapas previas de investigación. Además de Ford, están siendo investigados directivos de Mercedes Benz, Ingenio Ledesma, Molinos Río de la Plata, Minera Aguilar, el diario La Nueva Provincia, Acindar, entre otros.

Durante estos 10 años de proceso de justicia, se ha podido determinar que detrás del genocidio hubo intereses económicos concretos. Las personas fueron desaparecidas no solamente por expresar una opinión política o por haber participado en un grupo determinado; su secuestro, tortura y muerte fue producida porque constituían un obstáculo para un modelo económico que se quería implantar.

Lo anterior había sido previsto en 1977 por el periodista Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. Luego de depositar ese escrito en el correo, Walsh fue asesinado en un intento de secuestro. Su cuerpo permanece desaparecido.

Algunos críticos han dicho que los avances sobre la responsabilidad de empresarios es una forma de persecución y de venganza. Prácticamente insisten en que agotado el tema del juzgamiento a los militares, el tema de los civiles surgió como una ocurrencia de un grupo de nostálgicos de los años setenta.

Lo anterior no encuentra sustento en la realidad. Durante el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y en el Juicio a las Juntas, celebrado en 1985, recién recuperada la democracia, surgió la responsabilidad de los directivos de Ford Motor y de otras empresas en el secuestro de sus obreros.

Esa línea investigativa se viene retomando en trabajos recientes en los que se ha ido afinando la manera como se puede comprender la participación de altos directivos de empresas en el secuestro, tortura y desaparición de sus empleados. Estos avances se producen en un contexto internacional favorable e interesado en juzgar los vínculos entre empresas y graves violaciones a los derechos humanos.

Tres aspectos deben tenerse en cuenta para el caso colombiano:

• No es fácil vincular a los empresarios con crímenes de lesa humanidad. La lógica del Derecho Penal representa un obstáculo conceptual y el poder político y económico de los empresarios, un obstáculo fáctico.

• En segundo lugar, no todas las responsabilidades son iguales. El fenómeno de la participación de sectores de la sociedad civil en crímenes de lesa humanidad es complejo y los detalles son fundamentales para poder comprenderlo y juzgarlo.

• Contrario a lo que puede suceder en otros temas, las investigaciones al sector empresario tienen consecuencias en el presente y el futuro de los países. Es un asunto muy sensible que puede poner en jaque a los actores políticos y judiciales que decidan llevarlo adelante. Es por eso que se necesita todo un andamiaje jurídico y operativo para realizar esa tarea.

¿Por qué ocurren violaciones masivas a los derechos humanos? Las razones pueden ser múltiples. Es difícil creer que los crímenes de lesa humanidad sean el resultado nada más que de la iniciativa de un grupo de personas armadas sin un interés distinto al de matar. Seguir el rastro de las nuevas configuraciones económicas que surgen luego de la violencia es un primer paso hacia el fin de la impunidad.