Columnistas
El momento del Derecho Laboral y la Seguridad Social
Ana María Muñoz Segura
Profesora asociada Universidad de Los Andes
Para el momento en que escribo esta columna ya se ha firmado en Cartagena el Acuerdo de Paz y el fin de semana se votará el plebiscito. Sin duda, hoy todo el mundo habla de paz. Conversaciones, y en no pocas ocasiones discusiones, se suscitan en torno a los alcances del acuerdo: si este resulta o no suficiente y adecuado, el desarrollo de la ceremonia de la suscripción del acuerdo, los resultados probables del plebiscito, solo por mencionar algunas de ellas.
Para los abogados, es un momento de oro. La Filosofía del Derecho y el Derecho Constitucional están en todos los temas de conversación, acompañados o acompañando al derecho de las víctimas a la reparación y no repetición, a la justicia transicional, a la administración judicial en condiciones especiales, al derecho de propiedad y restitución de tierras, a los problemas de titulación, resultando una lista interminable.
En cambio, para algunos puede no ser obvia la participación del Derecho Laboral y de la Seguridad Social en este contexto. Sin embargo, no debe olvidarse que su desarrollo como espacio de ejercicio diario de paz justificó la creación de la Organización Internacional de Trabajo en el Tratado de Paz en 1919. Pero más allá de los postulados filosóficos, hay situaciones concretas que así lo evidencian.
El regreso de los trabajadores al campo va a requerir no solo la tierra y los mecanismos de producción, sino la protección a estas personas que empiezan a gestionar dichos lugares, ya sea como empleadores o trabajadores. Hay que repensar esas fórmulas legales sacramentales que se dictan en la ciudad, pero cuya operatividad en el campo y ciudades pequeñas resulta ser una odisea que desincentiva su aplicación. Es hora de volver a pensar no solo en el seguro social campesino, que nunca pudo hacerse efectivo, sino en un Derecho del Trabajo para el campo, que respete sus particularidades sin ceder terreno en términos de protección.
Hay que capacitar a todas aquellas personas que durante muchos años de su vida, si no toda, solo ejercieron actividades propias de la guerra, e incluirlas dentro de los flujos de trabajo en condiciones dignas y adecuadas. Debe buscarse que hagan parte del ejercicio de una ciudadanía no solo política, sino también social. Y no se trata de un “favorecimiento sin merecimiento”, hay que entenderlo como una medida para el goce efectivo de los derechos laborales de todos los ciudadanos, incluyendo a quienes estuvieron al margen de la ley y hoy regresan a hacer parte de la sociedad.
Para la implementación de este tipo de medidas, es importante dejar de lado el esquema de la relación laboral única y abrirse a nuevas ideas, otras propuestas, incluso a pensar en una “justicia laboral transitoria” que proteja a estos nuevos trabajadores y a los empleadores que apuestan por ellos.
Y, aunque responde a lógicas y discusiones distintas, no es posible desconocer el importante y vital papel de la Seguridad Social en este proceso. El Sistema General de Salud debe garantizar su acceso y servicios a toda la población colombiana, tanto a los de ciudades grandes como pequeñas y los del campo, a quienes tienen capacidad de pago y a los que no. Pues si bien es cierto que los indicadores muestran mejoras, este debe ser, sin duda, un servicio universal.
Por su parte, el Sistema General de Pensiones debe pensar que quienes hicieron parte del conflicto nunca desempeñaron una labor protegida por el Derecho y mucho menos cotizaron ni construyeron una pensión en un sistema fundamentalmente contributivo. Es cierto, hay que aportar al sistema, no deben existir privilegios ni beneficios injustificados, pero tampoco se debe olvidar que seguridad social es solidaridad, es ese aseguramiento ante diversas contingencias, fundamentalmente, la vejez. Si he defendido que la pensión es una prestación que dignifica, que equipara, que logra el ejercicio de la ciudadanía social, siendo consecuente, este es un buen momento para que demuestre todos esos aportes en la construcción de paz.
Podrían decirse muchas cosas más, más concretas, más filosóficas, más precisas y es probable que este sea un momento de ingenuidad. Puede ser cierto, pero, tal vez, vale la pena preguntarse si este es el momento de volver a pensar en el artículo 53 de la Constitución, que hace un llamado al legislador para que expida el Estatuto del Trabajo. Un nuevo Estatuto que se ajuste a las realidades actuales del país, que llegue a todos los lugares de Colombia y que sea un espacio de paz y convivencia social.
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