¿Pacto contra la corrupción?
Jaime Castro
Exministro y exalcalde de Bogotá
El entusiasmo que todos los actores de la vida política han puesto de presente en su lucha contra la corrupción fue flor de un día, porque hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión importante, por lo menos en relación con el capítulo normativo que debe adoptarse para erradicar malos manejos y sancionar los delitos que se cometen contra el erario público.
Por eso, vale la pena comentar algunos de los temas que se tramitan o son objeto de inexplicable silencio. De la consulta anticorrupción hizo parte la prohibición de ocupar por más de tres periodos una curul en cualquiera de las cinco corporaciones de elección popular: junta administradora local, concejo municipal o distrital, asamblea departamental, Cámara de Representantes y Senado de la República. El texto que así lo establece fue aprobado en primer debate como proyecto de reforma constitucional, pero no se ha advertido a la opinión que sus efectos son menores, porque se pueden acumular los periodos de las cinco corporaciones citadas, razón por la que es posible que alguien sume 15 periodos, cada uno de 4 años, o sea totalizar 60 años como titular de mandato popular.
Sin exagerar el ejemplo, en términos realistas, puede ser elegido para 6, 7, 8 o 9 periodos, es decir para 24, 28, 32 o 36 años. El texto aprobado también dispone que “nadie podrá elegirse para más de tres periodos consecutivos”. Con otras palabras, ese don nadie podrá ser elegido para tres periodos (12 años) en el Senado o la Cámara, descansar un periodo, dejar la curul en manos de familiar cercano y volver por otros tres periodos. No se limita el número de veces que lo puede hacer.
Otra perla del proyecto, también aprobado en primer debate, mantiene la elección de todos los senadores en circunscripción nacional, que continuará teniendo costos políticos e institucionales conocidos. Durante uno o varios periodos importantes, departamentos como Chocó, La Guajira, Quindío, Cundinamarca, Casanare, Arauca y otros fronterizos no han logrado representación directa y propia en el Senado, lo que castiga la legitimidad política y la representatividad territorial de esa alta corporación. Además, esa circunscripción ha corrompido aún más la política, porque buscar votos en todo el país exige “inversiones” considerables. Por eso, hay curules senatoriales (¿cuántas?) que cuestan más de 5.000 millones de pesos. Ese valor seguirá aumentando, si no reemplazamos la nacional por circunscripciones regionales que representen políticamente las regiones administrativas y de planificación (RAPES) que ya crearon o deben crear los departamentos con los nombres de Costa Caribe, Costa Pacífica, Eje Cafetero y regiones Sur Colombiana, Central y Andina.
Las licoreras y loterías, más las primeras que las segundas, son la caja negra de la financiación de las campañas políticas a nivel regional. Todas o la gran mayoría en algún momento han sido objeto de malos y delictuosos manejos. A veces tantos que muchas han tenido que liquidarse y cerrarse. Además, están sujetas a competencias que han venido reduciendo sus actividades. Las licoreras afrontan las importaciones que surgen de los tratados de libre comercio firmados por el país, la producción ilegal de bebidas alcohólicas y el contrabando. Las loterías están siendo afectadas por las apuestas digitales y las que autoriza Coljuegos. En razón de los intereses económicos y burocráticos que están en juego, ningún partido ha dicho públicamente que los departamentos y la financiación de la salud pública ganarían mucho más cobrando impuestos que destilando alcoholes, produciendo y comercializando rones y aguardientes o realizando juegos de suerte y azar y autorizando el llamado chance.
Mientras no se asuman temas como los que se acaban de resumir, la lucha anticorrupción será mero canto a la bandera.
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