El reto: justicia penal efectiva y racionalizada

Jorge Eduardo Londoño

Ministro de Justicia y del Derecho

La justicia es una de las finalidades constitucionales del Estado y principal virtud de los sistemas jurídicos modernos. Es un estándar al cual debe adaptarse el ejercicio del poder público (Rawls), y que debe persistir en el debido proceso, en la protección a las garantías mínimas de las partes, en la imparcialidad y en la proporcionalidad de la pena. Más allá de la falibilidad humana o de los defectos institucionales, la justicia es el faro que debe guiar tanto a los operadores jurídicos como a quienes diseñan políticas públicas.

La política criminal debe ser una política pública coherente con la justicia y estructurada sobre la prevención y la lucha contra la criminalidad, racionalizando el sistema penal, evitando los excesos y favoreciendo la reintegración de la víctima y el responsable.

La criminalidad es un fenómeno social multidimensional y, por ello, compromete una política criminal que sea capaz de atacarla de la misma forma desde las diversas aristas que originan el delito. No podemos seguir pensando que con procesos lentos, largas penas y un precario tratamiento penitenciario podemos derrotar el crimen.

Factores como la probabilidad de ser capturado o judicializado pueden tener un peso disuasivo mayor al incremento de penas (Gary Becker). Podemos construir una sociedad más pacífica, si aumentamos la certeza que quien delinque será sometido al Derecho.

Afinar el sistema de investigación criminal y mejorar su capacidad es clave a la hora de atacar las organizaciones criminales, pues si se desestructuran de forma temprana evitarán la utilización del eslabón más débil de la cadena. Para ejemplificar esta situación, en el 2014, se realizaron 69.551 capturas a personas que portaban menos de 100 gramos de estupefacientes, aportando un número de población carcelaria por estupefacientes de 24.897 personas, fungibilidad de los capturados en la calle que no garantiza la erradicación del delito.

Debemos centrar los esfuerzos y recursos institucionales en derrumbar las organizaciones criminales, aumentando los niveles de localización de los cabecillas y de los recursos ilícitos, neutralizándolos de forma definitiva. Una vez se haya sometido a derecho a los perpetradores de los crímenes, se efectiviza la capacidad del Estado para su procesamiento y juzgamiento.

Para tratar de evacuar el mayor número de procesos, es prudente promover los mecanismos de justicia consensuada. Siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema, es recomendable llevar a juicio el 10 % de los casos, aumentar la capacidad judicial para tramitarlos y empoderar al juez para exigir a las partes lealtad con la justicia. Esto disminuiría el aplazamiento de las audiencias, lo que aseguraría resolver los conflictos en menor tiempo, y providencias definitorias menos falibles.

En la misma línea, es importante utilizar la medida de aseguramiento y ajustarla a un tiempo razonable y necesario con el fin de asegurar el riesgo que la motivó. Lo que disminuiría las fallas en el servicio que nos tienen ad portas de condenas que suman un aproximado de 22 billones de pesos por detenciones injustas.

La pena y la participación en el proceso no debe ser lo único que les ofrezcamos a las víctimas. El mejor sentido de justicia es aumentar la capacidad real para que la víctima del delito esté segura de que nadie más volverá a lastimarla.

La sanción debe ser símbolo de justicia y ajustarse a los presupuestos necesarios para cumplir fines constitucionales. El tipo de sanción y su monto ha de depender del juicio que se haga sobre los objetivos que pretendemos perseguir mediante su imposición.

El sometimiento a la justicia de quien realiza una conducta criminal debe significar la aplicación de un tratamiento penitenciario exitoso, que garantice la reinserción social del delincuente. El tiempo de prisión no debe ser la única expectativa de justicia de la víctima, sino una más dentro de las condiciones necesarias para superar el conflicto. Se deben implementar medios idóneos para asegurar que el delincuente sea castigado, su conducta no se reitere y en el futuro la sociedad no lo imite.

Mejorar el sistema penal mediante el afianzamiento de los sistemas de investigación y la capacidad probatoria permitirá procesos más expeditos y la focalización del tratamiento penitenciario. Esto, aunado al fortalecimiento de una comunidad que rechace el delito evitará la repetición de la conducta delictiva.

Por lo tanto, debemos fortalecer nuestros sistemas locales de justicia, aumentando la eficacia de las entidades públicas y de la sociedad para responder a los retos específicos en cada territorio, mediante prácticas colaborativas de reconstrucción del tejido social, respetando las diferencias, protegiendo al débil y castigando al delincuente.