Avanza en el Senado iniciativa que aumentaría requisitos para obtener tarjeta profesional de abogado

Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del examen de Estado de calidad en educación superior (Saber Pro) que realiza el Icfes. Así lo propone un proyecto de ley que ya cuenta con ponencia positiva para segundo debate y que será discutido en la plenaria del Senado.

Esta propuesta, de autoría del senador Germán Varón Cotrino, busca calificar la idoneidad del profesional que puede comprometer los derechos de terceros y obligar al Estado a certificar que el graduado cuenta con los conocimientos y las competencias mínimas para ejercer la profesión.

Y es que en la actualidad, si bien se exige la presentación de la prueba Saber Pro, los resultados de la misma no son vinculantes para expedir o no la tarjeta profesional.

¿Cuál sería el puntaje requerido para pasar la prueba?

Se entendería aprobado el examen de Estado cuando el resultado supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. Adicional al resultado individual de cada examen, el Icfes señalaría la representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media nacional. Vale la pena mencionar, que esta iniciativa, en caso de ser sancionada, no tendrá efectos retroactivos.

A la par se contempla la posibilidad de que si el egresado o graduado no aprueba el examen podría presentarlo nuevamente en las siguientes convocatorias que señale el Icfes, hasta que obtenga el porcentaje mínimo exigido.

Esta certificación de la aprobación del Saber Pro sería exigida por el Consejo Superior de la Judicatura para la expedición de la tarjeta profesional de abogado.

El proyecto también consagra que si al menos el 33 % de los estudiantes de una institución de educación superior no superan la media nacional, el Ministerio de Educación impondrá las medidas preventivas establecidas en la Ley 1740 del 2014.

Estas medidas van desde ordenar la presentación y adopción de planes de mejoramiento hasta suspender el desarrollo de programas educativos.

Si en el siguiente examen de Estado los estudiantes de la institución de educación superior no superan este porcentaje, se consideraría una afectación grave de las condiciones de la calidad del servicio y el ministerio impondría las medidas administrativas señaladas en la Ley 1740 del 2014.

La ponencia revela algunas cifras de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sobre los abogados sancionados por faltas contra la ética profesional, muchas veces ocasionadas por vacíos en su formación.

Así pues, con corte del 3 de septiembre de 1992 al 19 de diciembre del 2016 se habían sancionado 114.060 profesionales, de los cuales 23.069 ejercían su profesión como abogados y 4.462 como funcionarios del sector público.

En el mismo periodo fueron absueltos 5.534 profesionales, 3.585 abogados y 1.949 funcionarios.

En el año 2016 se sancionaron 1.122 abogados; 48, excluidos de la profesión; 786, suspendidos; 270, censurados y 18, multados. Funcionarios sancionados: 106. Para ese año fueron absueltos 55 abogados y 19 funcionarios.

Senado de la República, Ponencia proyecto de ley 095/16S, Abr. 05/17

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