Viernes 29 de Abril del 2016
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15 de Abril 5:01 PM
Por regla general, la liquidación de revisión se debe notificar dentro de los seis meses siguientes a la culminación del término para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación.
15 de Abril 1:20 PM
Solo en el caso de existir una vulneración a los derechos fundamentales como el debido proceso y de defensa se podrá hacer una nueva valoración probatoria.

En el Estatuto de Contratación Pública existe un régimen legal expreso acerca de la nulidad absoluta de los contratos en cuya celebración participan o intervienen las entidades del Estado.
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sancionó a una profesional del Derecho por apoderarse de una letra de cambio de su cliente.
Para cualquier colombiano que tenga activos ocultos en el exterior es un buen negocio declararlos ante la Dian y evitar así el pago de millonarias sanciones, afirmó el director entidad.
Gobierno sanciona reforma a la Ley de Orden Público
El mandato constitucional es claro: el funcionario judicial debe sopesar correctamente los elementos dentro del proceso.
Las mesas de concertación tendrán hasta el 30 de septiembre para entregar un documento final. Conozca el nuevo acuerdo que extiende la discusión sobre la oralidad civil.
En la segunda Sala Plena del mes de abril la Corte Constitucional tomó varias decisiones, Ámbito Jurídico desarrolla cada una de los asuntos tratados.
La Sección Segunda del Consejo de Estado hizo un estudio jurisprudencial y dogmático sobre el alcance de la protección especial de estabilidad laboral.

Memoriales
En Ejercicio
John Zuluaga Taborda, abogado experto en Derecho Penal Internacional, habla sobre el proceso de paz frente a los “estándares internacionales de justicia”.
Especiales
La teoría y legado jurídico de Isaiah Berlin es analizado en esta entrega de Obras del Pensamiento Jurídico, de Leonardo García.

Opinión
  • En Colombia, aún no se han generado grandes discusiones sobre el privilegio abogado-cliente, pero varios hechos podrían generar el debate sobre el alcance de esta figura.
    Al Gobierno se le salió de las manos el tema por su falta de pedagogía y la manera errática como ha direccionado el debate. El Presidente se ha quedado solo en la faena de explicar los acuerdos.
    La ley evita crear un sistema de responsabilidad penal empresarial, eludiendo por el momento un debate que el país se encuentra en mora de dar, referente a la posibilidad de establecer responsabilidad penal para las personas jurídicas.
  • Si bien es diferente la finalidad comercial y tributaria, este impuesto significa reconocer el carácter de socio del Estado en el resultado empresarial.
    Pareciera que para el Consejo de Estado, el Estado es un enemigo, bandido y rico, olvidando que las condenas corren por cuenta de los impuestos pagados en buena parte por gente sin mayores recursos económicos.
    Con inexcusable desdeño por la reiterada jurisprudencia constitucional y sin ningún respaldo legal, el secreto de la indagación se continúa aplicando.


 

Indicadores
Inflación Marzo 0,94 %
Interés moratorio tributario 30,81 %
IBC consumo y ordinario 20,54 %
IBC microcrédito 35,42 %
Usura consumo y ordinario 30,81 %
Usura microcrédito 53,13 %
UVR Abril 29 237,3415
Dólar $ 2.885,72
Euro $ 3.305,15


Columnistas Online
Cualquier análisis que se haga de estas figuras debe responder el interrogante sobre cuál es el diseño constitucional que en materia de separación de poderes opera en el país.
Es preocupante que un proyecto de decreto establece cargas que anteriormente no existían en cabeza del contratante.
Existe una fuerte relación de los supermercados con el ejercicio del derecho a la alimentación, no solo de los consumidores finales, sino también de los productores.
Seguir el rastro de las nuevas configuraciones económicas que surgen luego de la violencia es un primer paso hacia el fin de la impunidad.
Es urgente establecer el marco normativo que regulará las situaciones derivadas del falló que habilitó la adopción conjunta por parte de parejas homosexuales.
El Estado como actor de fuerza no puede ser obedecible solo por temor, sino en razón de los argumentos legales que justifican su obediencia.
Son varios los retos que implica la inclusión del delito de corrupción privada en nuestra legislación penal, sobre todo por su aplicación práctica.
Sin duda, la propiedad intelectual privilegia la creación, la innovación y es el elemento fundamental que mueve la industria y el comercio.
No solo es censurable fundar responsabilidades individuales a partir del “contexto”, también es criticable perfilar investigaciones, imputaciones o capturas siguiendo tales criterios.
Si la respuesta es negativa, siéntase afortunado, pero no se desespere si ello sucede, pues hay mecanismos de defensa que jurídicamente puede ejercer.
Reseñas
28 de Marzo 9:12 AM
En la nueva edición de este libro, se presenta un análisis contextualizado de las principales instituciones que integran la Hacienda Pública.
Sociales y Profesionales
Con el fin de que quienes participan en la defensa jurídica de la Nación compartan su conocimiento, experiencia y buenas prácticas en esta labor, se presentó una nueva herramienta virtual
Análisis Jurisprudencial
El experto Luis Fernando Macías analiza la reciente Sentencia C-035 del 2016 de la Corte Constitucional sobre proyectos mineros en los páramos. Comentan Jorge Iván Hurtado y María Paula García.
Caricaturas
Pepón

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