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29 de Marzo de 2024 /
Actualizado hace 1 día | ISSN: 2805-6396

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Noticias / Penal


El caso Hyundai revela las irregularidades en el reparto de procesos civiles

07 de Junio de 2018

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A comienzos de este año, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación por la presunta adulteración del reparto en el centro de servicios judiciales de los juzgados civiles de Bogotá. El fin era direccionar a un despacho específico la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz contra Hyundai de la República de Corea. (Lea: ¿Qué tan efectiva será la consulta contra la corrupción?)

 

La Fiscalía imputó los delitos de acceso abusivo a un sistema informático (agravado), en concurso heterogéneo con uso de software malicioso y falsedad ideológica en documento público (agravado por el uso) en contra de las siguientes personas:

 

-          Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogotá.

 

-          Edwin Fabián Macías Castañeda, exempleado del mismo despacho.

 

En mayo, el ente investigador informó que el ingeniero Edwin Enrique Angulo, adscrito al Grupo de soporte tecnológico de la seccional de administración judicial, al parecer, contactó a varios contratistas y les habría exigido dinero para incidir en el proceso de selección del proveedor de equipos tecnológicos para los diferentes despachos judiciales.

 

Vale la pena decir que Angulo es investigado por ser el presunto autor material de esta supuesta adulteración del sistema de reparto, puntualmente en lo que corresponde al caso Hyundai.

 

Ahora bien, esta misma semana, un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento (consistente en detención preventiva en centro carcelario) al abogado Luis David Durán y al auxiliar Macías Castañeda, quienes aceptaron su responsabilidad en los delitos de:

 

-Cohecho propio.

 

-Acceso abusivo a un sistema informático agravado.

 

-Daño informático agravado y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.

 

De acuerdo con el equipo de fiscales adscritos al grupo de investigaciones especiales de la Fiscalía, estas personas direccionaban mediante la manipulación de las redes de comunicaciones el reparto de procesos, con el fin de asignarlos a un juez determinado para favorecer los derechos comerciales de la compañía automotriz implicada.        

 

Se conoció que Macías habría sido el responsable de dar las órdenes directas a sus subalternos para orientar el reparto y que fuera atendido el litigio por el Juez Sexto Civil del Circuito de Bogotá, “habrían recibido entre $ 5 y 15 millones por los actos ilícitos informáticos”.  (Lea: ¿Son suficientes las medidas contra la corrupción en la Corte Constitucional?)

 

También se dio a conocer ayer que Reinaldo Huertas, juez de este despacho, fue capturado por los hechos

 

 

Por su parte, el abogado Durán Acuña, como determinador, fue quien proporcionó el dinero para comprar un computador desde donde se ingresó a la plataforma de la Rama Judicial para manipular y borrar el sistema de reparto.

 

¿Qué es el caso Hyundai?

 

Con ocasión de la ruptura comercial y contractual entre Hyundai Motor Company de Corea y Hyundai Colombia Automotriz, el empresario Carlos Mattos decidió emprender una batalla jurídica contra la determinación, en su calidad de representante de la marca en Colombia.

 

En abril del 2016, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá decretó la medida cautelar de suspensión de los efectos de la ruptura comercial, es decir, hasta tanto se decidiera de fondo el asunto, Hyundai Corea no podía realizar negocios con el nuevo socio ecuatoriano que remplazaba a Mattos en sus funciones, lo cual no solo lo benefició sino que le permitió tener más tiempo para lograr un acuerdo con la compañía coreana.

 

Días después de decretar la medida cautelar, el juez Reinaldo Huertas, adquirió un vehículo automotor nuevo y de contado, lo que generó sospechas de investigadores y periodistas. Incluso el columnista de la revista Semana, Daniel Coronell, fue el primero en cuestionar la celeridad con que el juez había proferido medidas en el caso y la eventual relación con la adquisición del carro.

 

Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, las compañías en litigio decidieron suscribir un acuerdo que aparentemente había puesto fin a la controversia jurídica.

 

Después del acuerdo, se dieron a conocer presuntos hechos de corrupción por el direccionamiento del caso a un despacho específico, por lo que la Fiscalía inició investigación por la alteración del sistema de reparto, evento que ha dado lugar a la captura de abogados y funcionarios judiciales (incluyendo la del juez).

 

Los hechos investigados revelan que el reparto de los procesos requiere mayores controles para evitar la corrupción en los centros de servicios judiciales.

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