La Corte Internacional de Justicia en su momento de mayor actividad

Ricardo Abello – Galvis

Profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario

El mes de junio fue un mes excepcional para la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En efecto, por primera vez en su historia se presentaron tres nuevos casos en un lapso de 10 días. Obviamente, los nueve casos que en el 2014 presentó las Islas Marshall en un solo día no los tengo en cuenta, por tratarse de un solo Estado demandante; mientras que en esta ocasión se trata de tres Estados ubicados en diferentes continentes que recurren a la CIJ como método de solución pacífica de controversias.

El primer caso fue presentado el 6 de junio por el gobierno chileno contra Bolivia para resolver un diferendo relativo al uso de las aguas del sistema hidrográfico del Silala. Este sistema tiene una longitud aproximada de 8,5 kilómetros. Al efecto, Chile argumenta que ese río es un curso de agua internacional y que, en consecuencia, Bolivia no tiene el uso exclusivo y su uso debe hacerse de forma responsable; por su parte, Bolivia considera que no se trata de un curso de agua internacional, en la medida en que Chile recibe dichas aguas como consecuencia de una canalización realizada a comienzos del siglo XX.

El segundo caso fue presentado el 14 de junio por Guinea Ecuatorial contra Francia. En este, se invoca la inmunidad de jurisdicción penal del segundo vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, encargado de la defensa y de la seguridad del Estado; también se le pregunta a la CIJ sobre el estatuto jurídico del inmueble en el que está ubicada la Embajada de dicho Estado en Francia. Estas dos preguntas hacen referencia a unos mismos hechos, los procedimientos que en materia penal inició la justicia francesa contra diferentes jefes de Estado africanos por el desvío de dineros públicos y que, aparentemente, fueron invertidos en Francia. Hacen parte de los investigados el señor Obiang Mangue, cuyo juicio debió empezar el 25 de junio. Así mismo, en lo relativo al inmueble, es curioso ver que el mismo fue vendido por el funcionario en mención en el 2011 a su Estado, pasando de ser una propiedad privada a un bien público y que, en consecuencia, debería gozar de los diferentes privilegios e inmunidades que le otorga el Derecho Internacional a este tipo de inmuebles cuando en estos se encuentran las oficinas de las respectivas embajadas.

El tercer caso fue presentado por Irán contra EE UU. La demanda hace referencia a que el Gobierno de EE UU ha violado el tratado de amistad, comercio y derechos consulares de 1955. En el fondo lo que busca el Estado iraní es establecer un límite a las decisiones judiciales de los tribunales estadounidenses que han establecido embargos hasta por un valor de 56 billones de dólares por los diferentes ataques terroristas cometidos a lo largo y ancho del globo, en los que supuestamente Irán ha “participado”. En estos casos, se parte de la base de que el Estado ha patrocinado de alguna forma el terrorismo sin que haya realmente pruebas de que así sea. Esto ha generado una situación insostenible para el gobierno iraní, en la medida en que todos sus haberes en el exterior han sido, y serán embargados por la voluntad de un juez interno cuando el Derecho Internacional, en varias decisiones, ha sostenido que los Estados gozan de plena inmunidad de jurisdicción frente al derecho interno de terceros Estados.

Estos tres nuevos casos conllevan una serie de preguntas de suma importancia para el Derecho Internacional, que van desde la obligación que tienen los Estados de proteger el medio ambiente, hasta el alcance de las inmunidades estatales y que se deben respetar independientemente del tamaño y del poder de cada uno de los Estados. En este sentido, es interesante ver cómo dos Estados “pequeños” están demandando a dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, demostrando que el mejor mecanismo de defensa de un Estado “chico” frente a uno “grande” es el Derecho.