Los proyectos de reforma tributaria y pensional

Salomón Kalmanovitz

Economista e historiador

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, declaró como prioridades del Gobierno una nueva reforma tributaria y un cambio profundo al régimen pensional. En el tema tributario se anuncian modificaciones, a pesar de que el pasado Gobierno hizo una reforma en el 2016, cuyos frutos apenas se vislumbran con sobrecargas de impuestos al valor agregado y a la renta de la clase media. Sobre pensiones ni Congreso ni candidatos quisieron hablar antes de las elecciones, pero ahora se va a intentar unificar el régimen privado con el público.

El ministro declaró que hay que reducir aún más el impuesto a las empresas que lo hecho por Cárdenas y ampliar la base de los declarantes de renta, incluyendo a los que ganen más del 50 % del salario promedio. Si se toma el PIB por habitante, tendrían que declarar y tributar los que ganen más de 2,8 millones de pesos mensuales y si toma el salario promedio lo harían los que devenguen más de 3,4 millones de pesos. No menciona incluir al 1 % de los hogares que se quedan con el 20,5 % de la riqueza nacional (según un estudio de Juliana Londoño) y que son dueños de las empresas, comercios, propiedad inmueble y tierras del país, quienes han contribuido poco sobre sus ingresos (dividendos, ganancias y rentas). Ellos son el verdadero potencial para aumentar seriamente el recaudo tributario sin golpear a los más débiles, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pudiendo aportar sin problemas alrededor del 6 % del PIB al fisco para no estar expoliando a la clase media o a los más pobres con nuevos impuestos indirectos.

Precisamente, en cuanto al IVA, Carrasquilla insiste en la propuesta que le costó el puesto en el 2007, que es de generalizarlo a toda la canasta y después devolverlo a las familias más pobres registradas en el Sisbén, lo cual es complejo y se presta a que se pierda el rastro del dinero. Se trata de 40 billones de pesos (casi el 4% del PIB) en bienes excluidos o exentos y no se conoce cuánto se devolverá ni cuánto quedará de saldo para el Gobierno.

Como todos los gobiernos, este piensa que puede disminuir radicalmente la evasión fortaleciendo y tecnificando a la Dian y restringiendo las exenciones y excepciones, pero eso es luchar contra las mafias del contrabando incrustadas en el sistema político o el de los notables que siempre han contado con fueros especiales o el del sistema financiero que se favorece con las exenciones aplicadas a sus clientes que cuentan con portafolios de inversión.

Frente a la reforma pensional, el ministro ha planteado que existe el problema de la escasa cobertura, el de la inequidad y el del desequilibrio entre el sistema público y el privado. En Colombia, menos del 30 % de las personas en edad de pensionarse lo logran, pero el grueso de los recursos va a los pensionados más ricos (casi 3 % del 3,7 % del PIB que destina el Gobierno a las pensiones) o a los regímenes especiales de Fuerzas Armadas y maestros. El sistema privado paga pensiones bajas y no hay claridad en la escogencia del tipo de plan que se adapta a cada ahorrista ni tampoco hay trasparencia sobre el rendimiento y las mesadas que eventualmente recibirán los que se pensionen. El sistema público es más generoso porque liquida la pensión de acuerdo con el promedio devengado con que se cotizó durante la última década del ahorro. Me atrevo a pronosticar que el Gobierno intentará marchitar Colpensiones y que el sistema privado terminará administrando a su favor el ahorro de los colombianos.